La función social de la gestión colectiva

 

La gestión individual de los derechos de propiedad intelectual es prácticamente imposible para determinados usos, por lo que la gestión colectiva es imprescindible.

 

Así, las entidades de gestión colectiva actúan de forma eficiente por cuenta y en defensa de los intereses de los titulares de derechos. Son organizaciones sin ánimo de lucro, propiedad de sus socios, regidas democráticamente por ellos y gestionadas de forma transparente por sus órganos de gobierno.

 

En ese contexto, uno de los valores más importantes de las entidades de gestión, y por tanto de la gestión colectiva de derechos, es su importante función social. Las entidades de gestión aportan beneficios sociales incuestionables, pues destinan una importante parte de su recaudación a:

 

– Facilitar asistencia social y sanitaria a miles de creadores, retirados o no, en situación de dificultad.

– Organizar eventos para la promoción de nuestra cultura en España y en el extranjero.

– Desarrollar programas de educación y formación de jóvenes talentos o de reciclaje profesional.

– Crear circuitos de actuación e interpretación.

– Facilitar la participación de autores y artistas en certámenes y festivales nacionales e internacionales.

 

Todo ello manteniendo un carácter doblemente solidario con todos los perfiles de creadores, también con los menos exitosos y populares, que difícilmente serán clientes rentables para otros operadores de gestión de derechos con ánimo de lucro.

 

La copia privada

 

También la gestión de la compensación equitativa por copia privada aporta recursos para nuestra cultura en beneficio de toda la sociedad. El artículo 155 de la Ley de Propiedad Intelectual especifica que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual fomentarán «la promoción de actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus miembros» y «la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas, intérpretes y ejecutantes», incluyendo «la integración de autores y artistas con discapacidad» en sus respectivos ámbitos creativos o artísticos, así como «la promoción de la oferta digital de sus obras, creaciones y prestaciones, y el acceso de las personas discapacitadas a las mismas en el ámbito digital». Para ello, según el mismo artículo 155, las entidades «deberán dedicar el porcentaje de la remuneración compensatoria prevista en el artículo 25 que reglamentariamente se determine», que hasta la fecha ha sido del 20 %.

 

Por tanto, gracias a la copia privada no solo todos los ciudadanos pueden hacer legalmente copias de obras culturales, sino que parte de los ingresos que genera se reinvierten en beneficio de toda la sociedad, ya que se destinan al desarrollo de la creación y la producción cultural.

Cookies Use

Utilizamos cookies y tecnologías similares en nuestros sitios web para mejorar el rendimiento y mejorar su experiencia. El uso de nuestros sitios web indica su consentimiento a las cookies descritas en esta política. Consulte la política de cookies para obtener más información.

Accept and Close